Para proteger a la industria tequilera, que genera más de 30 mil empleos directos, el Diputado Federal Arturo Zamora, logró que el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que aplica a esta industria se disminuyera del 53 al 52 por ciento a partir del año 2013.

En la iniciativa de Ley que adiciona un articulo décimo transitorio en el numeral 3 del inciso a) de la fracción I del artículo 2do de la Ley del Impuesto especial sobre producción y servicios, el Diputado Federal indicó  en su exposición de motivos  el hecho de  que la Industria Tequilera ha manifestado su compromiso de colaborar, aceptando un incremento del IEPS que permita alcanzar la meta de recaudación que le corresponde al tequila de manera proporcional, en el entendido de que esa situación sea limitada a fin de que se reforme el estatus que permita su sano y adecuado desarrollo en un plazo no mayor a tres años, por tal motivo a partir del 2013, la disminución será de un punto porcentual.

Expuso que   la industria tequilera atraviesa por una severa crisis en materia impositiva a la que además se le suma, la “piratería” o adulteración y el trato privilegiado que se da en México en materia de impuestos a bebidas importadas como el whisky, ron y otros.

Por eso  dijo que se debe apoyar a la industria tequilera  que ha dado identidad a México en el mundo y ha sido parte de su historia.

El Legislador  señaló que se debe desde el punto de vista legislativo  garantizar la denominación de origen que tiene cinco estados de la República y por otro lado combatir de manera eficaz toda la adulteración del tequila, pues se trata de una bebida nacional, que surge en la época precolonial en la zona de Amatitán y Tequila, en el estado de Jalisco.

Al presentar su Segundo Informe de Actividades Legislativas, Arturo Zamora destacó la problemática que representa para la salud de los consumidores la venta indiscriminada de bebidas espirituosas que no cumplen con la normatividad, por lo que con el fin de combatir la venta de alcohol adulterado, que se estima alcanza hasta el 40 por ciento del total que se comercializa en el país, promovió una iniciativa que castiga con penas de prisión de nueve a veinticinco años a quienes cometan ese delito.